Ciencia, liberalismo científico y liberalismo capitalista o ahí te las apañes
Un debate entre la
privatización de la ciencia o su democratización.
En este apartado pretendo exponer
algunas de las tensiones que acompañan al debate, es decir, si el sistema de
investigación científico y con ello, sus aplicaciones y/o beneficios debe ser
considerado un bien público o como un producto científico de índole privada,
cuyo último objetivo es el de generar beneficios económicos, y ya puestos, pagar pocos impuestos en buena lógica
cultural del capitalismo tardío. Broncano afirma que el sistema de
investigación científica en su desarrollo posterior a la 2ª guerra mundial ha
cambiado. Polanyi lo definía como un sistema que se asemejaba a una república,
supongo que con una imagen romántica y por tanto falsa del científico sabio
distraído y presto a regalar a la sociedad sus conocimientos. Actualmente se
asemejaría a una organización empresarial o a una red de empresas, con lo que
se habría modificado el programa clásico de la epistemología y la misma
filosofía de la ciencia, que según Broncano era un programa de justificación
social del conocimiento científico. Según este, el debate estaría en la
inserción legítima o justificada del
sistema científico- productor en la sociedad. Y a su vez la inserción se
podría dar por dos opciones: 1ª, La de considerar la producción científica como
parte del sistema de bienes públicos, sometida por tanto a la provisión de los
elementos necesarios para su ejecución y a su distribución, que se supone
equitativa, y que estaría afectada y
regulada por su legitimidad social. 2ª, Considerarla como un producto
cultural más, en cuyo caso afectaría a las condiciones previstas en la
estructura de la producción científica y afectaría casi exclusivamente a los
científicos que la producen, y supongo que
a los gustos del mercado que es quien parece que manda en lo cultural.
Sin embargo,
gran parte de la sociedad – y no sólo la
occidental y capitalista-, detecta un problema que puede ser grave para un
reparto equitativo de los conocimientos científicos y sus aplicaciones. Como
parece ser que la historia ha encontrado su Finis terrae, en una sociedad de
mercado, -con lo que sólo nos queda “regresar
socialmente” para volver a completar el círculo histórico, como muestran
las resoluciones de los consejos de ministros de la sociedad actual-, el miedo
que tiene la sociedad en lo referente a los procesos de investigación y sus
aplicaciones cuando son llevados a cabo por empresas/ instituciones
privadas, es que si estos se rigen
exclusivamente a su comercialización no
se difundirían democráticamente, precios caros e incluso “ocultar” los
conocimientos para asegurarse su exclusiva comercialización. Jesús Zamora
Bonilla, (ZB), expone varios argumentos contra el temor a la privatización de
la ciencia[1].
Otro argumento es que la mayor parte de la investigación epistémicamente pura
del conocimiento científico se ha realizado ya, con lo que a partir de aquí
sólo quedaría su aplicación. Esto parece indicar que en una epistemología del
conocimiento, saber por saber no quita que no se quiera o se pueda vivir del
conocimiento. La escasez agudiza el ingenio, pero el conocimiento bien aplicado
compra la casa, el coche,…
Dentro de este mercado de ideas hay
diferencias entre una empresa y un agente productor. La primera utiliza sus
conocimientos para poner en el mercado sus aplicaciones, vende la producción,
mientras que el “productor científico” suele “regalar” sus productos finales al
publicarlos, -incluso renuncian al 70% de derechos de autor-, para que otros
productores lo aprovechen en sus investigaciones.
El conocimiento básico, debería darse pública y gratuitamente a la sociedad
para la formación de los ciudadanos si quiere ser democrática y añadiría otro
aspecto positivo de la democratización
de la ciencia. ZB asegura que no hay contradicción entre que una actividad sea
realizada por el Estado o por el mercado. Los desvaríos que en el mundo han
sido, los han cometido tanto las ideologías mal aplicadas como la gestión
nefasta y lucrativa de los gestores privados o públicos. Con lo que desde el
punto de vista de los contribuyentes, que sería el único válido para ZB, estos
optarían por pagar las aplicaciones generadas por parte de una empresa ya que
sólo lo haríamos si nos fueran útiles, que pagar con sus impuestos, pretendidos
conocimientos cuyas aplicaciones no nos resultaran útiles para una gran
mayoría. Esto exige dos condiciones mínimas: Economía de mercado y sistema
democrático liberal.
Otro aspecto es quien y como realiza el control del
proceso científico, si por referéndum, o
por medio de un comité de expertos. Evidentemente el primer caso es inviable,
entre otros motivos, porque dos ciudadanos cualesquiera, por ejemplo un
ingeniero de montes y un filósofo, no pueden opinar si dotar de un embrague
automático o no a un motor de inyección,
sea lo que sea un embrague. Con lo que solamente nos quedaría la otra opción,
en la que al menos las prácticas, normas, leyes o teorías a aplicar tendrían un
consenso general ya que se supone que todos querrían contar con las mismas
normas comunes y principios racionales válidos para todos, de manera tal que
los indios fueran 1962 y no unos 2003.[2] La investigación científica está
amenazada por la denuncia de falta de objetividad de los científicos, sean
estos privados o públicos, por la tesis de los estómagos agradecidos, según la
cual estos intentarían contentar a quienes les mantienen económicamente,
produciendo como señala ZB, verdades inútiles- poco útiles-, o falsedades
útiles-no necesariamente aprovechables-, defendiendo que desde un punto de
vista epistémico los científicos tenderán a producir verdades útiles para los
consumidores mejor en un sistema de investigación privado por estar encaminado
a la producción de conocimiento práctico. El riesgo es como señalé al principio
el monopolio del conocimiento y sus aplicaciones, porque en buena lógica
empresarial retendrían los conocimientos adquiridos para asegurarse los
dividendos el mayor tiempo posible influirían en los ciudadanos al darles las
aplicaciones con cuentagotas y no como sería deseable que los intereses de los
ciudadanos fueran quienes influyeran en las empresas. Lo contrario a esto,
es, y no pocas veces, que la gestión
política de la ciencia puede ser perjudicial para la salud y la formación
académica de los ciudadanos, como estamos viendo. Feyebarend postulaba que la
ciencia debería juzgarse atendiendo a la valoración social de sus
consecuencias, es decir, que hubiera tantas formas de ciencia como comunidades
lo deseasen, pero esto implica la imposición de paradigmas normativos
epistemológicos no convergentes y de difícil control democrático. Si la ciencia
es un mercado de ideas, -ZB-, o de hechos científicos, -Latour-Woolgar-, atañe
no sólo al aspecto económico, si no al aspecto epistemológico puro. Una
concepción mercantil del conocimiento afecta a la realidad misma de este y a su
relación con la estructura básica de la sociedad[3].
Broncano propone un deseable pero utópico consenso, sobre la distribución del
conocimiento como proceso social rawlsiano. Pero los ciudadanos al optar por lo más “avanzado”,
producirían, al menos en términos
económicos, el “efecto Mateo” en que el ganador se lo lleva todo. Haría falta
que en el proceso de producción del conocimiento se garantizara que los
resultados tecnológicos y económicos eficaces, una vez reconocidos y
garantizados por los expertos, fueran integrados al alcance de toda la
sociedad, pues el acceso al conocimiento y a sus aplicaciones es la mejor
garantía de que la ciencia sea democrática, al mismo tiempo que la sociedad con
su mayor participación será, obviamente, más democrática. O eso se desea.[4]
[1]
En primer lugar, afirma que uno de los
aspectos positivos cuando se habla de la democratización de la ciencia atañe a
aquellos que se refieren a la
conveniencia moral o política de que los beneficios generados por el
conocimiento científico y sus aplicaciones sean disfrutados por el mayor número
de personas, tesis que suscribiría cualquier contendiente en esta pugna, el
pro-público por su justificación social y el pro-privado porque el disfrute de
esas aplicaciones le reportaría mayores beneficios al llegar a un mayor número
de personas.
[2]
Si hay un control por parte del estado, como
representante de la democracia, debería estar dirigido más a resultados finales
de la investigación que pudieran ser nocivos para la mayoría de los ciudadanos
de acuerdo a los estándares sociales y morales de la sociedad.
[3] Si el conocimiento se dirige sólo a
generar productos que a su vez generen dinero y este más conocimiento en línea
con lo expuesto por Latour y Woolgar, estaría destinado a un proceso
monopolizador, tanto económico como epistemológico, que haría casi imposible
una distribución de ambos aspectos en la sociedad, al menos de forma
democrática
[4] Bibliografía:
Jesús Zamora Bonilla: Ciencia pública- Ciencia privada, La caverna de Platón y los
cuarenta ladrones, Mentiras a medias, Cuestión de protocolo, Unos 2003 indios,
Filosofía Flotante. Fernando Broncano:
La ciencia en la democracia (y viceversa). El lugar de la filosofía de la
ciencia. Dar la palabra. Los expertos en democracia deliberativa. A Diéguez. Realismo y epistemología
evolucionista. Realismo convergente. Los compromisos del realismo científico.
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